Así lo ha manifestado la entidad este lunes en un evento organizado con motivo de la celebración del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que este año se celebra por tercera vez consecutiva desde que fuera establecido oficialmente por el Consejo de Ministros en 2019, a propuesta del CERMI.

 

El objetivo de este conversatorio ha sido reflexionar de forma conjunta con organizaciones de la discapacidad sobre los logros alcanzados y los retos pendientes para la implementación de la Convención en España, con especial atención al artículo 6, que trata sobre mujeres con discapacidad.

 

Durante el acto ha participado el director de Plena Inclusión, Enrique Galván; la directora Gerente de Cocemfe, Elena Antelo; el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso; la directora de Fiapas, Carmen Jáudenes; la directora gerente de la CNSE, Marisol González; el director General de la Confederación Autismo España, Jesús García Lorente; la coordinadora de programas de Cemudis, Laura García; y la directora ejecutiva del CERMI Estatal, Pilar Villarino. El debate ha sido moderado por la redactora jefa de sociedad de la agencia de noticias Servimedia, Mayte Antona.

 

En el conversatorio, las personas participantes que representan el tejido social de la discapacidad, han coincidido en el “motor y elemento guía” que supone esta Convención puesto que conlleva una transformación que “no puede darse sin un liderazgo legitimado de las mujeres y niñas con discapacidad”.

 

Asimismo, se ha puesto sobre la mesa la importancia de este marco teórico puesto que supone “un cambio logrado, no solo en las organizaciones de la discapacidad, sino también en las administraciones y en la sociedad en general”. “Tenemos un paradigma que nos ha dado una base clara de trabajo y una ruta sobre el enfoque de derechos que se le debe dar a la discapacidad”, han manifestado.

 

 

Sin embargo, durante la jornada se ha recordado que ya en 2011 el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad instó al Gobierno a generar “políticas contundentes” contra la violencia de las mujeres y niñas con discapacidad.

 

De esta forma, han asegurado que ha habido muchos avances, como la erradicación de las esterilizaciones forzadas a mujeres y niñas con discapacidad del Código Penal o el derecho al sufragio. Además, también han reconocido que se empieza a incluir datos desagregados sobre la violencia de género de mujeres con discapacidad, aunque han manifestado que “las muestras todavía no son representativas”. En relación a esto, han vuelto a reivindicar la importancia de contar con una macroencuesta específica sobre violencia en mujeres y niñas con discapacidad y madres y cuidadoras de familiares con discapacidad.

 

En este sentido, cabe destacar un proyecto realizado por la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, Cemudis, a través del cual se entrevistó a 200 mujeres con discapacidad. El estudio arrojó que el 57% de estas mujeres eran conscientes de haber vivido una situación de violencia. Sin embargo, la mitad de ella manifestaron que era una violencia psicológica que venía de su entorno más próximo y el 21% de las mujeres había manifestado vivir situaciones de violencia, incluyendo la violencia institucional.

 

Así, se ha puesto de manifiesto que “no solo se habla de violencia física puesto que la ausencia de accesibilidad, la falta de acceso a la justicia o a no ser tomadas en serio”, son problemáticas que a día de hoy hacen que las instituciones no crean a las mujeres con discapacidad cuando van a denunciar una situación de violencia.

 

 

En relación a los retos y oportunidades en relación a las mujeres y niñas con discapacidad, las personas participantes han coincidido en algunas de las materias más relevantes para poder seguir cumpliendo con la Convención.

 

En este sentido, se ha apelado la educación inclusiva, el sistema de apoyos, la promoción de la accesibilidad y vida independiente; la violencia y la erradicación de la misma; el acceso a la comunicación y a la información para mujeres con prótesis auditivas y mujeres sordas usuarias de lengua de signos; la transversalidad que se le debe dar a la discapacidad en todo lo referido a las políticas de violencia de género, el empleo de las mujeres con discapacidad; el fomento por que exista una participación activa de las niñas en la toma de decisiones; y el abordaje y desarrollo de la interseccionalidad ligada a la discapacidad, para que la Convención se cumpla para las mujeres y niñas con discapacidad.

 

Enlace al conversatorio